Vialidad Nacional dejó sin trabajo a empleados a pocos días del vencimiento de la concesión de Caminos del Río Uruguay
De no mediar una contraorden de último minuto, la conducción de Vialidad Nacional encabezada por Marcelo Campoy implementará un plan de ajuste interno que apunta a reducir su actual plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes. Y que incluye 500 trabajadores en Entre Ríos.
Bajo la actual gestión, Vialidad Nacional inició un plan de despidos masivos y ajuste. Buscarán reducir de 5.400 a 3.800 los trabajadores y trabajadoras que cumplen el servicio en los caminos de todo el país. Además, el Gobierno busca bajar el presupuesto que implica el organismo encargado del mantenimiento, la infraestructura y la seguridad vial de los caminos nacionales en todo el territorio.
La brutal medida, impulsada por el administrador Marcelo Campoy y en línea con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, busca disminuir costos y transformar estructuralmente el organismo. Este recorte se produce en el marco de la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.
Junto con los despidos, el ajuste incluye además la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance ni la importancia estratégica. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país. Esta decisión impacta tanto a los trabajadores del organismo como a las empresas contratistas, que ven suspendidos sus contratos de manera abrupta e indefinida.
Además, el recorte coincide con el vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones. Sin embargo, la transición deja en la incertidumbre total a casi 500 empleados de la concesionaria en Entre Ríos, quienes no serán absorbidos por la administración pública y dependen de futuras decisiones empresariales para su reincorporación laboral o no.
