Las denuncias en la Justicia argentina se mantienen pese al anuncio de la relocalización de HIF Global
Ante el anuncio de que la refinería de HIF en Paysandú será cambiada de lugar, los autores de las denuncias en la vecina orilla contra ese proyecto aseguran que no las retirarán mientras no se conozca el posible daño ambiental de la planta y se cumpla lo establecido en el Estatuto del río Uruguay
El canciller uruguayo Mario Lubetkin, acompañado en Montevideo por su homólogo argentino, Pablo Quirno, informó esta tarde a la prensa que, por indicación del presidente Yamandú Orsi, se relocalizará la planta industrial de la multinacional HIF Global en el departamento de Paysandú, ubicada hasta ahora a orillas del río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón, que es el motivo de sendas demandas en los tribunales de justicia del vecino país.
“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, declaró Lubetkin. El canciller uruguayo señaló que recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta y agregó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas” (sic).
En Argentina se tramitan dos acciones en la Justicia contra el proyecto de HIF Global que involucran al Estado uruguayo. Una denuncia penal de la fiscal federal Josefina Minatta iniciada en febrero de este año por presunto daño ambiental y las responsabilidades que puedan corresponder a las autoridades de ambos países. Y una demanda civil presentada el mes siguiente por tres legisladores por prevención de daños y perjuicios contra Uruguay y la firma HIF.
“Yo no voy a retirar mi denuncia por distintos motivos: no se sabe dónde será relocalizada esa planta y tampoco se sabe el eventual daño que el proyecto puede causar al ambiente”, declaró la fiscal Minatta a El Zumbido. “Cuando el proyecto sea puesto en conocimiento de la CARU, en cumplimiento del artículo 7° del Estatuto del Río Uruguay, y la delegación argentina lo considere viable, veremos si se dan las condiciones de cierre de la causa judicial”, agregó.
En el mismo sentido se pronunció el diputado nacional Guillermo Michel: “La demanda sigue adelante hasta que Uruguay, en el expediente judicial, deje por escrito en qué lugar se localizará la planta y solo que esté demostrado que la misma no contamina a nuestras costas”, comentó al ser consultado también por El Zumbido. Michel, junto con la diputada Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, se han sumado además a la causa penal de la fiscal Minatta.
HIF inició el proceso de autorización de la planta industrial ante el Ministerio de Ambiente en 2024, obtuvo la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) a fines de 2025 y presentó la solicitud de Autorización Ambiental Previa (AAP) en marzo de este año. Al confirmarse oficialmente una nueva localización del proyecto, el procedimiento de autorización debe recomenzar de cero porque constituye formalmente un nuevo proyecto cuyas condiciones deben ser reevaluadas.
