La ruta ilegal del fentanilo en la Argentina
Hablar de fentanilo genera pánico en Argentina. Es un pánico basado en la muerte y que tiene su raíz en los antecedentes recientes registrados en el país. Uno de ellos, es el de las 54 presuntas víctimas del poderoso opioide contaminado con neumonía que provino del laboratorio HLB Pharma. Otro, el de la virtual masacre dealer de la Villa Puerta 8 de Tres de Febrero, ocurrida en febrero de 2022, cuando 24 personas murieron intoxicadas por consumir cocaína cortada con carfentanilo: una variante 30 veces más poderosa, usada para anestesiar hipopótamos y elefantes.
Pero al mismo tiempo es un pánico basado en la ignorancia, porque el fentanilo que provoca en Estados Unidos una de las mayores crisis narco de su historia -con adictos convertidos en zombies, producido por cárteles mexicanos- no existe en este país. Al menos por el momento.
Argentina, donde el kilo de cocaína se consigue a tres mil dólares del otro lado de la frontera -el más barato del planeta-, todavía se droga como en el siglo XX. Con el precio de la sustancia blanca en alza en el resto del mundo, instalar al fentanilo clandestino en el mercado narco nacional parece un contrasentido en términos comerciales. Y el narcotráfico es uno de los negocios más lógicos del hampa.
Para lucrar con una droga, primero se necesita un adicto; instalar a esa droga culturalmente. Para el narcotráfico global, el fentanilo es la superdroga del futuro: totalmente sintética, absolutamente adictiva, barata de producir, fácil de mover. Solo hay que venderla.
“Para empezar, la gente en este país todavía no tiene el hábito de inyectarse”, dice con alivio un fiscal federal argentino.
En Argentina, hasta hoy, es un producto únicamente producido por laboratorios farmacéuticos, “de uso exclusivamente hospitalario, con la condición de expendio bajo receta oficial y decreto”, de acuerdo a un documento oficial en manos de la Justicia federal. Es solo manipulado por anestesistas, empleado en comas farmacológicos o en el tratamiento del dolor extremo y el infarto de miocardio.
Lo regula, por ejemplo, la resolución 2622/1988 del viejo Ministerio de Salud y Acción Social en la Lista I de la Ley de Estupefacientes, la 17818. La periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, por ejemplo, recibió fentanilo en la endoscopia que precedió a su muerte.
Así y todo, el fentanilo aparece en allanamientos de causas penales, en redadas a dealers. Existe esa ruta clandestina, sí, pero no es tan simple como aparenta. El fentanilo, sumamente controlado, es un producto autorizado en Argentina. Y, para esa ruta, el circuito legal de la sustancia es la clave.
Dos semanas atrás, Gendarmería Nacional anunció la captura de seis sospechosos acusados de acopiar y distribuir fentanilo.
Las detenciones fueron en el marco de 14 allanamientos realizados en CABA, Jujuy y Misiones, en un expediente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Primera Instancia y la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Posadas, con una investigación de la PROCUNAR, realizada por el fiscal coadyuvante Martín Uriona.
El origen del caso
El caso había comenzado el 14 de abril de 2023 en un micro que viajaba por la Ruta Provincial 12. A bordo había una encomienda enviada desde Misiones a uno de los imputados de la causa en Buenos Aires. Gendarmería decidió controlar la carga del vehículo y la caja enfrentó un scanner. Así se descubrió que allí había 500 ampollas de fentanilo, líquido o en polvo, como citrato, con la marca de tres laboratorios argentinos.
La caja tenía adherida, también, la copia del DNI de otro de los acusados. El destinatario era un hombre de 44 años, registrado en los rubros de venta de instrumental médico y productos farmacéuticos de ARCA: es un empresario, socio en un laboratorio porteño desde 2018, al menos según el Boletín Oficial.
El hombre del DNI, de 24 años, al parecer, solo había puesto la cara. Oriundo de Posadas, se dedica, en los papeles, a trabajos de electricista.
La PROCUNAR descubrió que el electricista envió 14 encomiendas a lo largo del tiempo: al menos cuatro al empresario porteño, el resto a otros dos sospechosos en Córdoba y Salta. El laboratorio del empresario, ubicado en Belgrano, fue allanado en diciembre de 2024, así como una clínica salteña donde trabajaba uno de los destinatarios de las encomiendas.
La ANMAT aseguró a los investigadores que ninguno de los sospechosos en la causa tenía “la debida autorización y/o registración para la comercialización de las ampollas”, asegura un documento en el expediente.
El celular del electricista misionero reveló que el destinatario de 44 años no era el cerebro del negocio, sino que lo hacía, según el pedido de detención e indagatoria del caso firmado por Uriona, para otro investigado en la causa: el dueño de tres locales donde se vendían termos para mate. El hombre de los termos es un supuesto visitador médico.
Los lotes de fentanilo en la encomienda fueron identificados por los tres laboratorios. Allí, la ruta quedó clara: las ampollas venían de las farmacias de dos hospitales misioneros, el Doctor Ramón Madariaga y el Nuestra Señora de Fátima, ambos ubicados en Posadas. La PROCUNAR pidió que las fuerzas de seguridad se presenten en ambos lugares con una orden oficial.
fuente : infobae
