“La liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos manifiesta preocupación por el IOSPER”
La Liga de Intendentes Justicialistas expresó su preocupación por el proyecto que se está tratando en el Senado, por entender que “afecta directamente a los trabajadores de los municipios”.
Para los Presidentes Municipales, el gobierno provincial busca reemplazar la actual estructura del Iosper por un nuevo sistema centralizado bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Esta iniciativa no sólo pone en riesgo el carácter solidario, autónomo y democrático de la obra social, sino que también afecta directamente a miles de trabajadores municipales, activos y jubilados, que dependen del Iosper para su atención médica y la de sus familias”.
Valoraron del Poder Ejecutivo la preocupación por el presente y el futuro de la obra social, “como su intención de modernizarlo y corregir todo aquello que deba ser mejorado, pero suprimir la obra social y reemplazarla por una conducción centralizada se asemeja más a un intento de controlar una caja que a una reforma con sentido democrático y participativo”, expresaron enfáticamente en un documento.
“El Iosper no es una obra social estatal, es una herramienta creada y sostenida exclusivamente con los aportes de sus afiliados. El Estado provincial no aporta recursos propios para su funcionamiento. Por lo tanto, no corresponde que pretenda apropiarse de su conducción ni definir el destino de fondos que son laborales, no públicos”, afirman los mandatarios opositores.
“Creemos firmemente que no hace falta crear una nueva obra social. Si hay aspectos de la ley actual que deben ser actualizados —autoridades, control, organización— existen mecanismos para reformarla sin destruir un sistema que ha funcionado durante más de cinco décadas. Lo que falta es voluntad política para mejorar lo existente, no reemplazarlo de manera unilateral”, dice el texto difundido este miércoles.
El proyecto en debate elimina una parte de la representación gremial del directorio, reduce la comisión fiscalizadora a un solo integrante designado por el Ejecutivo, y transforma a Iosper en una dependencia del poder político, entienden. Y agregan: “Este cambio de raíz supone un grave retroceso democrático y vulnera el principio de autonomía de los trabajadores sobre su propia obra social”.
Además, sostuvieron que durante la intervención, que lleva seis meses, “lejos de mejorar la situación, se han profundizado los problemas: recortes de prestaciones y demoras en medicamentos”.
