Intento de censura: el gobierno de Milei en crisis busca callar al periodismo
En el medio de los escándalos el Gobierno denunció una “operación de inteligencia ilegal” y la Justicia ordenó que se dejen de difundir audios filtrados de Karina Milei, sin siquiera saber su contenido, en un caso escandaloso de censura previa. Un intento de acallar al periodismo y las denuncias de corrupción contra La Libertad Avanza.
Este lunes el Gobierno salió a denunciar una nueva «operación de inteligencia ilegal» después de que se filtraran audios de Karina Milei y Diego Spagnuolo. Esta maniobra del oficialismo llega en un contexto caliente, en el que el oficialismo viene de comerse una paliza en Corrientes, donde quedó cuarto en la elección a gobernador, la economía no da respiro con el dólar disparándose otra vez y los escándalos de corrupción acechan al gobierno a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno no se quedó solo en la queja mediática: el vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió una medida cautelar dictada por un juez federal en lo civil, que prohíbe la publicación de grabaciones de conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada. Así, buscan frenar la difusión de los audios que involucran a la hermana del presidente, a Spagnuolo y a la familia Menem.
También piden allanamientos contra Carnaval Stream y contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
El Gobierno denunció una supuesta «operación de inteligencia ilegal» que, según afirman, buscaba sembrar confusión y generar caos en pleno proceso electoral. En esta maniobra, incluso se mencionó a periodistas como Jorge Rial, apuntando a que la desinformación no solo venía de adentro del Estado, sino que también se intentaba amplificar desde los medios.
Apenas el Ejecutivo comunicó que iba a llevar el caso a la Justicia por la filtración de las grabaciones, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a informar que «la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada». Según Adorni, la decisión del juez Alejandro Maraniello, que intervino en lo civil y comercial federal, dejó en claro que esto es «una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
Sin embargo, rápidamente comenzaron a multiplicarse los repudios a estos intentos de censura.
