Graves denuncias de corrupción, maltrato laboral y abuso de autoridad sacuden al Consejo General de Educación.
Trabajadoras del sector, que pidieron reserva de identidad por temor a represalias, aseguran que el responsable del área, quien, según señalan, no es docente y desconoce el sistema educativo, maneja los concursos laborales “a dedo”, favoreciendo a allegados y excluyendo a profesionales capacitadas.
Pero lo más alarmante, afirman, es el trato violento hacia las mujeres cuando rechazan sus imposiciones. “Grita, humilla y ejerce presión psicológica. Si no accedés a lo que pide, te margina laboralmente”, relató una empleada. Las afectadas responsabilizan también a la directora departamental por “apañar estas prácticas” y exigen que el Gobierno investigue: “Si quieren diferenciarse, que empiecen por limpiar sus filas”.
Falta de transparencia y complicidad
Las denuncias incluyen:
- Arreglos en concursos: Plazas asignadas sin criterios meritocráticos.
- Abuso de poder: Álvarez sería intransigente ante reclamos y desconoce protocolos educativos.
- Misoginia: Trato agresivo específico hacia mujeres, según múltiples testimonios.
“Que Alicia Fregonese o Luciano Filipuzzi recorran los centros y hablen con las trabajadoras. Esto es insostenible”, reclamó una fuente.
Silencio oficial
Desde la Coordinación y el gobierno provincial no hubo respuestas formales a las acusaciones. Sin embargo, el escándalo ya circula en redes sociales, donde usuarios etiquetan a las autoridades (@AliciaFregonese) exigiendo auditorías.
La transparencia en el CGE de Fregonese es una falacia, siguen las designaciones con concursos pre adjudicados. Ha trascendido el manejo irregular que se realiza en el Consejo General de Educación por parte de algunos funcionarios que hacen “funcionar” el sistema a su conveniencia, como es el caso de Martín Álvarez, coordinador de Jóvenes y Adultos de Paraná, haciendo de la designación de los cargos una herramienta para solucionar problemas personales, u obtener ventajas para familiares y allegados. Según denuncian, habría nombrado sin concurso a su ex esposa para evitar que le haga “quilombo”. Parece que la relación y reclamos venían ásperas, y para paliar la situación le otorgó a su ex un cargo de manera DIGITAL (a dedo), pasando por encima el sistema de concursos, y convirtiendo a los entrerrianos en los pagadores de sus deberes económicos con su ex. De esta manera, la tan mentada Transparencia ensalsada en la Resolución 356 queda pisoteada por el accionar permisivo de la titular del CGE, y su séquito de confianza.
Nada de lo que sucede en el Consejo General de Educación es ajeno al conocimiento y aprobación de quién está al mando desde que asumió la nueva gestión Ejecutiva hace más de un año. Alicia Fregonese, desde hace mucho cuestionada por su falta de preparación docente, y porque ha demostrado cierta ineptitud en el cargo, ahora vuelve a ser discutida por la forma en que se están llevando nombramientos donde se simulan concursos.
Prácticas que el actual gobierno da por hecho como erradicadas, parecen resistir en el CGE, amén de otras dependencias. Pero lo que acontece en los feudos de Fregonese indigna a muchos porque se juega con las ilusiones de quienes pugnan por un trabajo, participando de los concursos que deberían ganarse por méritos, y terminan siendo un simulacro donde los favorecidos son los muy allegados de alguien, en este caso, de la camarilla de Fregonese.
Mientras las denuncias se multiplican y cobran fuerza en ámbitos sindicales y educativos, la comunidad de Paraná espera una respuesta contundente. ¿Permitirá este Gobierno que estos vicios sigan manchando la gestión educativa, o tomará medidas ejemplares para restaurar la transparencia?
Fuentes cercanas al Ministerio de Educación admiten que el caso “ya está en radar”, pero hasta ahora no hay acciones concretas. “No puede ser que, en pleno 2024, sigamos con estos mecanismos de contratación opacos y maltrato laboral, especialmente hacia mujeres”, expresó una referente gremial bajo anonimato.
Algunos docentes, sin embargo, mantienen escepticismo: “Esto viene de gestiones anteriores, pero si el actual gobierno no lo frena, se convierte en cómplice”, advirtió un profesor con años en el sistema. Mientras tanto, las trabajadoras afectadas evalúan presentar una denuncia formal ante la Justicia o la Secretaría de Derechos Humanos, ante la falta de respuestas internas.
El silencio de las autoridades alimenta la desconfianza. Si Alicia Fregonese y el Gobierno buscan diferenciarse de administraciones pasadas, este es el momento de demostrarlo: con intervenciones inmediatas, sumarios transparentes y políticas que protejan a las víctimas. De lo contrario, el mensaje será claro: la impunidad sigue siendo la moneda corriente en la educación entrerriana.
