Generamos energía, pero tenemos la tarifa más cara de la Región.
En un paper publicado por el Centro de Estudios del Desarrollo Macroeconómico (CEDMA) y que lleva la firma del Magister Contador Álvaro Gabás, se hace referencia a los altos costos de la tarifa energética que pagan los entrerrianos.
La política energética del gobierno de Rogelio Frigerio expone una de las contradicciones más fuertes de su gestión: mientras construye un discurso de eficiencia y austeridad, los entrerrianos siguen pagando una de las tarifas eléctricas más caras de la Región Centro y por encima del promedio nacional.
Los datos de mayo de 2026 son contundentes y muestran que el problema ya no puede atribuirse únicamente al contexto nacional o al costo de la energía mayorista.
De acuerdo al último informe de UBA-CONICET, la factura promedio total del país para un hogar sin subsidios es de $82.688. En Entre Ríos, ese mismo usuario paga $85.090. En el caso de los hogares con subsidios, el promedio nacional es de $50.919, mientras que en Entre Ríos alcanza los $50.860. Es decir, incluso con asistencia estatal sobre el precio mayorista de la energía, la
provincia mantiene valores prácticamente iguales o superiores al promedio nacional. Esto revela que el verdadero problema estructural está en otro lado: el peso creciente del Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa la estructura de costos y rentabilidad de las distribuidoras eléctricas.
Esto significa que mientras el gobierno nacional subsidia parte de la energía para aliviar el impacto tarifario, en Entre Ríos el peso de la distribución termina absorbiendo ese alivio. En otras palabras: el problema no es solamente cuánto cuesta generar energía, sino cuánto les cuesta a los entrerrianos sostener el sistema de distribución y la estructura empresarial vinculada al servicio
eléctrico provincial.
El dato político es demoledor porque el propio gobierno provincial intentó construir un relato de eficiencia administrativa y reducción de costos. Sin embargo, los números muestran exactamente lo contrario: Entre Ríos tiene uno de los VAD más altos de la Región Centro y mantiene tarifas finales superiores al promedio argentino. Es decir, los usuarios pagan más, pero no
necesariamente reciben un mejor servicio ni una mejora proporcional en infraestructura energética.
Además, esta situación impacta directamente sobre la economía real. Las tarifas eléctricas ya no afectan solamente a las familias: golpean a comercios, pequeñas industrias, clubes, productores y emprendedores que ven cómo el costo fijo de la energía se vuelve cada vez más difícil de sostener. En una provincia con salarios deteriorados y caída del consumo, mantener tarifas por encima del
promedio nacional implica profundizar la recesión y transferir recursos desde los sectores productivos y medios hacia las estructuras de distribución eléctrica.
El gobierno de Frigerio intenta presentar la situación tarifaria como una consecuencia inevitable de la crisis energética nacional. Pero los propios datos comparativos desarman ese argumento. Si provincias vecinas tienen componentes de distribución menores y tarifas relativamente más equilibradas, entonces queda claro que existen decisiones políticas y regulatorias propias de
Entre Ríos que explican parte importante del problema.
La discusión de fondo es política: ¿quién paga el costo del “orden fiscal” que pregona el gobierno provincial? Porque mientras se habla de equilibrio, eficiencia y modernización, las familias entrerrianas continúan destinando una porción cada vez mayor de sus ingresos a servicios esenciales. Y cuando la electricidad deja de ser un servicio accesible para convertirse en una carga permanente sobre el salario y la producción, el ajuste deja de ser una abstracción económica para convertirse en un problema social concreto.
La gestión de Rogelio Frigerio prometió alivio, transparencia y eficiencia. Pero en materia energética, los números muestran otra realidad: Entre Ríos sigue entre las provincias más caras de la región, con un peso excesivo de los costos de distribución y con usuarios que pagan más sin ver mejoras equivalentes en su calidad de vida.
FUENTE: UBA – CONICET
