Extenderán la duración de las licencias de conducir
Las concesionarias de autos podrán realizar la VTV y disuelven CONAMI
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno analiza prolongar la duración de la vigencia de las licencias de conducir y, además, lograr que la renovación de las mismas no tenga que ser presencial.
«La licencia tiene una duración que está en el Código de Tránsito y nosotros los que vamos a poner es que no es necesaria la presencialidad para su renovación. Sí es esencial que puedas verificar tus aptitudes psicofísicas para conducir, pero eso no requiere que vos estés», puntualizó.
La medida se enmarca en una reforma integral del Código de Tránsito, que ya había sido adelantada en una entrevista radial brindada en octubre. «Uno tiene que chequear que psicofísicamente está bien, que los ojos estén bien y que escuches bien. Vamos a permitir que la gente envíe ese certificado y no tenga que hacer ese trámite presencialmente», había comentado en aquella oportunidad.
En ese mismo sentido, el funcionario también adelantó que se introducirán cambios en el proceso de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según indicó, los conductores no tendrán que pasar necesariamente por una planta para avanzar con el trámite. «Vas a hacer el service y que te realicen la VTV», señaló.
Sturzenegger remarcó que esta medida, que forma parte de «una revisión integral de la reglamentación del Código de Tránsito», podría llevarse a cabo antes de fin de año.
La implementación de esta reforma se suma a otras iniciativas recientes del Gobierno, como la introducción de la Cédula Azul, y refleja un esfuerzo continuo por modernizar y simplificar los trámites relacionados con la seguridad vial en Argentina. Con esta nueva medida, se espera que más automovilistas cumplan con la VTV, contribuyendo así a una mayor seguridad en las rutas del país.
Disuelven un organismo que daba préstamos a emprendedores: «Los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos»
El Gobierno decretó este viernes la disolución de un nuevo organismo público. Se trata de la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), que brindaba apoyo a los emprendedores que no podían acceder al sistema financiero formal para impulsar sus proyectos.
«Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra mañana (viernes)», anticipó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una entrevista en LN+.
Horas después, la medida se vio reflejada en la última edición del Boletín Oficial, donde se publicó el Decreto 1094/2024, firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello.
En los considerandos de la norma, se cuestionó el «gasto mensual en personal», que asciende a $100.584.210, lo que anualizado representa $1.307.594.730, una cifra que «excede el presupuesto total asignado al programa para el año 2024, que es de $1.178.796.541», indicaron. Además, se destacó que el gasto mensual es un 54 % superior al total ejecutado del presupuesto de este año.
También se cuestionó la «deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos».
En cuanto a las instituciones de microcrédito adheridas al programa, se destacó que de las 209 instituciones activas, solo 117 cuentan con más de 10 créditos activos, lo que refleja «una limitada eficiencia y capacidad operativa». Además, se informó que la cartera activa del programa presenta una tasa de morosidad superior al 42%, cifra que «excede considerablemente los estándares de las instituciones de microfinanzas especializadas, que registran niveles de morosidad por debajo del 10%».
El informe también señala que las instituciones adheridas carecen de «la capacidad técnica y la experiencia necesaria para gestionar eficientemente los fondos asignados». Además, se informó que, desde la creación del programa en 2006, no se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos.
Finalmente, el decreto concluyó que la Ley N° 26.117, que creó el programa, «no ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone».
