Entre Ríos buscaría que Nación le ceda Salto Grande
Como pago de una millonaria deuda
La reciente demanda ante la Corte Suprema de parte del gobierno de Entre Ríos por una deuda de USD 175,5 millones podría tener a la represa de Salto Grande como parte de la negociación. La cifra reclamada coincide exactamente -según el sitio Infobae- con el valor de inventario que tendría la obra civil de Salto Grande, tras más de 40 años de amortización. Sin embargo, la potencial transferencia dejaría a la provincia con una deuda adicional de USD 500 millones, el costo del proceso de renovación del complejo hidroeléctrico, financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Salto Grande podría resultar una carga inviable para Entre Ríos debido a que una solución integral debería incluir la posibilidad de que la provincia participe en la determinación de los precios de la energía, y no simplemente recibir el complejo como compensación de una deuda estructural.
El reciente Decreto 969/24 autoriza a la Nación a saldar deudas mediante la cesión de activos. Para Entre Ríos, el posible traspaso de Salto Grande se estaría presentando como una oportunidad de saldar una deuda acumulada por años debido al precio artificialmente bajo que la Secretaría de Energía de la Nación fijó para la energía generada en el complejo.
No obstante, las versiones de esta posible provincialización, podría enfrentar algunos obstáculos: la represa se encuentra en un proceso de modernización en tres etapas, con un préstamo de USD 500 millones que Entre Ríos tendría que asumir si el complejo pasa a su administración. Además, la provincia no tendría el poder de fijar el precio al cual Salto Grande vende la energía en el mercado mayorista, una limitación que podría generar graves dificultades financieras, dado el contexto actual de recursos limitados.
Una solución integral debería permitir que la provincia participe en la determinación de los precios de la energía, no simplemente recibir la represa como compensación por una deuda histórica.
Otro de los puntos de discusión excede la cuestión Salto Grande y tiene que ver con el contexto en el que se da este debate, enmarcado en el reciente decreto del Gobierno Nacional que permite la extinción de deudas a través de la transferencia de activos. Este marco jurídico plantea, según algunos observadores, una dinámica de «balcanización» de los recursos nacionales, donde cada provincia busca compensaciones en beneficio propio, en detrimento de una visión federal y cohesionada del país. La posibilidad de que la represa pase a manos de la provincia podría contribuir a profundizar esa lógica, donde los recursos energéticos, en este caso puntual, se administren de forma descentralizada y con criterios que podrían no responder a las necesidades de la Nación ni las capacidades de las provincias.
Fuente: Infobae
