El Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió manifestaciones del Ministro Roncaglia
Desde el Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de un comunicado, repudiaron que el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, haya manifestado “que profesionales del derecho, (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad”. Tales declaraciones, «carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal».
COMUNICADO
El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las declaraciones públicas realizadas por el Sr. Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Dr. Néstor Roncaglia, quien ha afirmado que profesionales del derecho (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad.
Tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal.
Recordamos que el Sr. Ministro, en su carácter de funcionario público, tiene el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no recurrir a medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del Estado de Derecho.
El acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento. Cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes.
Solicitamos al Sr. Ministro que, con el mismo alcance y difusión con que formuló sus afirmaciones, reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales.
Fuente: Radio La Voz
