El Congreso del PJ de Entre Ríos define este sábado el futuro de varios de sus miembros
Este sábado, el Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos se llevará a cabo en un clima de alta tensión política. Como máximo órgano de conducción partidaria, el Congreso, reunido en Paraná, no solo debatirá temas de la agenda legislativa provincial, como la reforma jubilatoria o la posible eliminación de las PASO, sino que enfrentará una tarea institucional crítica: resolver los pedidos de expulsión y sanciones para diversos dirigentes.
El punto más álgido de la jornada será la evaluación de las resoluciones del Tribunal de Disciplina. La importancia de este proceso radica en el intento del partido por reordenar sus filas tras las elecciones legislativas de 2025, castigando lo que se considera una falta de disciplina partidaria al haber apoyado o integrado listas opositoras.
A diferencia de casos anteriores, como el de Edgardo Kueider —quien fue expulsado por el Consejo Provincial—, en esta ocasión se busca que sea el Congreso Partidario quien tome la decisión final.
Los casos bajo la lupa
El Congreso analizará tres niveles de sanciones dependiendo de la gravedad de la falta imputada:
La lista «Ahora 503»: se imputa a Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González haber encabezado una lista opositora a la oficial del Justicialismo (encabezada por Adán Bahl y Guillermo Michel). En el caso de Gaillard, se subraya que esta acción se produjo tras haber ocupado importantes cargos públicos como referente del partido. El Tribunal aconseja para las tres la suspensión temporaria y la inhibición para ser candidatas por los próximos dos turnos electorales.
Alianza con el socialismo: un grupo integrado por Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Vergara y Graciela Trinidad es cuestionado por competir bajo el sello del Partido Socialista, aliado al oficialismo provincial. Se les acusa de facilitar «un auxilio directo a fuerzas que confrontan el modelo» del PJ. Al igual que en el caso anterior, se recomienda la suspensión e inhibición electoral.
Los pedidos de expulsión: el caso más severo involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su abogado Guillermo Reggiardo. Se les adjudica una militancia activa en favor del Partido Socialista y se les cuestiona duramente por haber interpuesto una denuncia penal contra el candidato oficial, Guillermo Michel, con el fin de «difamar a los candidatos del partido en pleno proceso electoral». Para ambos, la recomendación es la expulsión del PJ y la remoción de sus cargos como congresales.
El frente legislativo: La senadora por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, también está en la mira tras haber votado algunos proyectos junto al oficialismo provincial y conformado un monobloque. Aunque el Consejo Departamental de Feliciano solicitó su sanción, su situación depende de la celeridad del Tribunal de Disciplina para emitir una resolución antes del encuentro.
La resolución de estos casos no será sencilla. Existe una resistencia interna visible, especialmente desde el departamento La Paz, donde congresales y dirigentes se han reunido para manifestar su rechazo a cualquier intento de expulsión de afiliados, brindando un respaldo explícito a Domingo Rossi.
Los congresales que lo respalddaron, son: Eva Miño, Nancy Chauvet, Ana Quintana, Ariel Caraballo y Nelson Diaz (por la ciudad de La Paz), junto a Rubito Tome, Sergio Hartmann y Romi Schanton (por la localidad de Bovril). En tanto, es respaldado por su esposa, la senadora departamental Patricia Díaz, y el exvocal del Superior Tribunal de Justicia y exdiputado provincial Emilio Castrillón.
