Dos rutas y un puente que atraviesan Entre Ríos serían los primeros a privatizar por Nación
En los próximos días, el gobierno nacional emitirá un decreto con el que iniciará su plan de reprivatización de rutas. Según fuentes de Vialidad Nacional, el primer paso será la readjudicación de las rutas 12 y 14, vitales para el Mercosur, y del puente que une Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos). También cerrará la firma estatal Corredores Viales, que opera gran parte de las concesiones. Será un nuevo intento de solucionar uno de los problemas de infraestructura más graves del país, como es la deficiencia en el mantenimiento de los caminos.
Habría mucho que decir si alguien de cualquier lugar del mundo, que no sepa nada sobre la Argentina, pregunta cómo se explica un presidente que barrió con lo conocido y llegó a la Casa Rosada con un puñado de años en la política y sin estructura partidaria. Pero, quizá, uno de los mejores ejemplos del fracaso dirigencial de los últimos 30 años, gran aportante para que Javier Milei llegue al poder, sean las rutas argentinas, convertidas en un verdadero desafío a la muerte.
En medio de una crisis vial con pocos precedentes, con los caminos cargados por las vacaciones, el Gobierno se apresta en estos días a firmar un decreto para empezar con la privatización de la traza. Será Vialidad Nacional, uno de los organismos más sospechados de la administración pública en las últimas décadas, el que tendrá a cargo el proceso, que empezará por ahora solo con el corredor vial 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa) y que tiene la explotación de las rutas 12 y 14, además del puente que une las ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos). Eso será readjudicado próximamente, en el primer paso de un nuevo esquema.
“Vamos a empezar con el corredor vial 18. Lo vamos a dividir en dos tramos. Por un lado, el oriental, que serían las rutas nacionales 12 y 14, y el que hoy le dicen conexión, que es el puente Rosario-Victoria. El decreto está redactado y espera la firma”, dijo una fuente de Vialidad Nacional.
Será un nuevo intento del Estado de encontrar una solución a uno de los problemas más graves que tiene la integración del país. Se trata de un capítulo más de una historia que empezó en 1990, cuando las rutas pasaron a ser de ser estatales a ser privadas, con un peaje a cambio de levantar la barrera.
Así se mantuvieron hasta 2003, con tarifas relegadas, incumplimientos de ambas partes y obras sin realizar. Luego, el entonces presidente Néstor Kirchner las entregó a una especie de gerenciamiento.
Las empresas concesionarias cobraban peaje, cortaban el pasto y hacían algo de bacheo. Y una cosa más: según lo que confesó Claudio Uberti, colaborador de confianza de Kirchner y número uno del órgano de control, empezó a trabajar en aquellos acuerdos con las empresas viales que estaban rotos tras la caída de la convertibilidad. Finalmente, cuando terminó, Uberti contó que Kirchner se enojó porque el esquema no contemplaba una manera de sacar dinero en ese sector. “Yo tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de las concesionarias”, dijo en la causa Cuadernos. Ese esquema de constructores, concesionarios y exfuncionarios será juzgado por un tribunal oral, en el juicio que empezará en noviembre.
Así funcionó el imperfecto sistema vial: los usuarios pagaban peaje, el concesionario hacía poco y nada y a las obras las ejecutaba Vialidad. Mientras tanto, la muerte se hacía un festín y los accidentes y la precariedad de la traza aumentaban.
Fuente: Diario La Nación
